El 20 de febrero de 2023, España aprobó la Directiva Whistleblowing, también conocida como Ley «Canal de Denuncias» y renombrada en España como «Canal del Informante». La ley se aprobó con el fin de proporcionar protección a las personas que denuncien infracciones de las leyes y luchen contra la corrupción. Esta nueva ley también protegerá la identidad de los denunciantes al permitir la denuncia anónima e impedir que los empresarios tomen represalias contra quienes denuncien prácticas indebidas.
La ley «Canal de Denuncias» se basa en la Directiva (UE) 2019/1937 de la Unión Europea, aprobada el 23 de octubre de 2019. La Directiva 2019/1937 establece protecciones para quienes denuncien fraude, corrupción u otras conductas indebidas en entidades públicas y privadas. La Directiva exige a los Estados miembros de la UE que establezcan sistemas de denuncia que permitan a las personas denunciar irregularidades sin temor a represalias o discriminación. La Directiva también exige que las personas tengan acceso a autoridades independientes que investiguen sus denuncias.
La Directiva sobre Denuncias hace hincapié en la necesidad de confidencialidad del informante. Pretende promover un entorno ético en el lugar de trabajo permitiendo a los particulares denunciar las infracciones de las leyes y proteger a quienes denuncian dichas infracciones.
La Directiva sobre Denuncias, fue normalizada en España con la entrada en vigor de La Ley 2/2023, del 20 de febrero. Esta ley establece normas y reglamentos para garantizar las buenas prácticas y protocolos necesarios para la implementación del canal del denunciante, renombrado en esta ley como canal del informante.
La Ley del Canal de Denuncias prevé la supervisión independiente por parte de una autoridad independiente de nueva creación, (AAI). La AAI tendrá autoridad para supervisar y admitir denuncias que no lleguen a buen puerto por los términos amistosos, esta autoridad será aprobada en Consejo de Ministros, en el que se determine su estructura, organización y funcionamiento interno, así como las partes dependientes de su supervisión.
La Ley del Canal de Denuncias entra en vigor el 17 de diciembre de 2021 y se aplica a todas las empresas privadas con más de 50 empleados, y a todas las organizaciones públicas. Las empresas que no cumplan la ley se enfrentan a multas que van desde los 1.001€ hasta 1.000.000€. El simple hecho de no tener implantado un canal de denuncias estando obligado se considera infraccion grabes, siendo el minimo del que se parte para su sanción de 600.001€. La ley exige que las empresas dispongan de canales de comunicación para denunciar posibles infracciones, así como de mecanismos para verificar la identidad de un denunciante. También exige que las empresas dispongan de procedimientos para tramitar las denuncias de posibles infracciones. Las empresas también deben proporcionar protección a los denunciantes de infracciones, incluida la protección frente a represalias.
El objetivo último de la Ley del Canal de Denuncias es promover un entorno laboral ético estableciendo canales de denuncia y proporcionando protección a quienes denuncien posibles infracciones. La ley también anima a las empresas a desarrollar y aplicar controles y procedimientos internos para detectar e impedir prácticas indebidas. Además, la ley proporciona un medio para que las personas y las organizaciones rindan cuentas de sus actos, proporcionando un mecanismo para la denuncia anónima.
La Ley del Canal de Denuncias exige a las empresas que tomen medidas proactivas para proteger a los denunciantes y sus datos. Las empresas deben asegurarse de que sus canales sean seguros y confidenciales, y deben garantizar la confidencialidad de los informantes. Las empresas también deben proporcionar información sobre sus políticas y procedimientos de denuncia a los empleados y otras partes interesadas.
La Ley del Canal de Denuncias es un importante paso adelante en la lucha contra el fraude y la corrupción en España. La ley permitirá a las personas denunciar irregularidades sin temor a represalias o discriminación, y creará un entorno seguro para que los denunciantes informen de posibles infracciones. Además, proporciona una vía para que las personas busquen justicia por las irregularidades cometidas y para que las organizaciones rindan cuentas de sus actos. La ley es una herramienta importante para proteger los derechos de las personas y promover una cultura de transparencia y responsabilidad en el lugar de trabajo.
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